Astolfo Aramburo es abogado del Proceso de Comunidades Negras PCN y les dice a los empresarios y al Estado que reconocer los derechos de los afros es un deber constitucional aplazado desde 1991. Denuncia que los dejaron por fuera del Acuerdo de Paz y temen que el Gobierno les quite sus tierras aún no tituladas.

Esta semana se firmaron dos convenios con la Agencia Nacional de Tierras para acelerar la titulación colectiva de predios en favor de 50 comunidades afrocolombianas que han estado esperando el reconocimiento de ese derecho por 25 años. Desde que se promulgó la Ley 70, el 27 de agosto de 1993, en Quibdó, el Estado se comprometió a entregar los territorios que ancestralmente han ocupado estas comunidades, y aunque se cumplió una primera fase, en la que entregó casi 6 millones de hectáreas a más de 200 consejos comunitarios, el rezago es notable.

Astolfo Aramburo es un abogado nacido en Buenaventura que, además de liderar el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí, trabaja con el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la más grande y representativa de las organizaciones de afrocolombianos del país. Explica cómo pretenden reactivar el proceso de titulación colectiva, que está frenado desde hace décadas.

¿En qué consiste el proyecto de titulación colectiva?

Se firmaron dos convenios, uno entre el PCN y la Agencia Nacional de Tierras, y el otro entre el PCN y el Fondo de Tenencia de la ONG Rights and Resources, que facilita los recursos. Es una apuesta con la agenda de tierras de las comunidades negras, que empezó a ejecutarse con la Ley 70 y con la reglamentación de los consejos comunitarios. Entre 1998 y 2003 se entregaron 5’600.000 hectáreas, más del 95 % en el Pacífico, la mayoría en Chocó, Nariño, Cauca y Valle. Ese esfuerzo fue producto de la movilización social que hizo la gente negra, no sólo del Pacífico, sino del Caribe, de los valles interandinos de Quindío, del norte del Cauca y del centro del Valle. Pero ellos se quedaron esperando su proceso.

¿Por qué paró el proceso de titulación colectiva?

A partir del 2003, las políticas de tierras empezaron a ser más restrictivas. Hay menos voluntad de los gobiernos, a tal punto que no se dan más de dos procesos de titulación por año. Venimos con un rezago histórico de más de 10 años en cumplimiento de un deber constitucional.

¿Por qué ustedes no presionaron?

Durante la creación de la Ley 70, las apuestas de la comunidad negra no quedaron representadas. Habíamos propuesto constituir palenques como un sitio con una carga histórica de libertad y resistencia, pero no nos quisieron reconocer la autonomía y se crearon los consejos comunitarios, que en su funcionamiento son más una figura administrativa que una autoridad territorial. Se creó una comisión consultiva, un espacio nacional de consulta y otras instituciones que no van en la lógica de funcionamiento de las comunidades negras. Cada comunidad tiene que competir con las demás por un proyecto; terminamos generando una corporativización del movimiento. Eso reduce la capacidad de la gente negra para unirse, cada comunidad piensa sólo en sí misma. Hubo cooptación por el mismo Estado y por empresas privadas que tienen intereses en la región.

Y está el tema de la corrupción.

No puedo probarlo, pero hay denuncias penales por ofrecimiento y recibimiento de dádivas. Conocí expedientes de los procesos de consulta previa que se habían adelantado para el Plan de Desarrollo 2010, y había un documento en el que el Gobierno se comprometía a entregar a cada delegado que firmara un proyecto por $70 millones. Debo admitir que hay liderazgos reprochables. Pero no acepto que el Estado promueva la entrega de dádivas y luego diga que con los afros no se puede concertar porque lo único que nos interesa es el dinero. Con ese argumento quieren desmontar la consulta previa. No acepto que digan que somos la piedra en el zapato para el desarrollo con el argumento de que somos ladrones. Hagan el favor y nos respetan.

¿Por qué los empresarios se oponen a la titulación colectiva?

Les preocupa que el Gobierno reglamente la Ley 70, que es un compromiso desde 1993. Y sólo se reglamentó el tema de la titulación, que es un capítulo; falta el resto. Decir que nos oponemos al desarrollo es una lectura errónea. No veo la contradicción en que grupos étnicos aseguren, a través de un título, lo que han poseído históricamente. Seguimos pidiendo lo que ha sido de nosotros y lo que nos han quitado.

¿Cómo se hará esta titulación colectiva? ¿A quiénes beneficiará?

Se hizo un estudio técnico en el Observatorio de Territorios Étnicos de la Universidad Javeriana, que identificó 271 solicitudes pendientes de titulación colectiva. El Gobierno dijo que no tenía recursos ni capacidad técnica para hacerlo. Entonces se buscaron los recursos para apoyar esa labor. Queremos titular en dos años 50 solicitudes que se estiman en 350.000 hectáreas, principalmente en la región Caribe, Putumayo, Antioquia, norte del Cauca y centro del Valle. Otro acuerdo es completar los expedientes que están incompletos por el tránsito del Incoder a la Agencia Nacional de Tierras, y empoderar a las comunidades para que tramiten las 221 solicitudes que faltan. Un tercer componente es avalar el sistema de información del observatorio, ya que el Estado no tiene información sólida.

¿Qué esperan del próximo gobierno?

Nos dejaron por fuera de la implementación del Acuerdo de Paz y existe el riesgo de que parte de lo que hemos conseguido, pero no se ha titulado, nos lo quiten para completar los tres millones de hectáreas para el fondo. Ya nos dijeron que para nosotros no habrá nada de esas tierras. Hay un millón y medio de personas esperando que les entreguen sus tierras.

¿Qué pasará con los procesos que faltan?

No tenemos recursos para financiar más. Seguiremos exigiendo que el gobierno cumpla su deber. Si es efectivo y serio con este convenio vendrá más apoyo de comunidad internacional para que le ayuden en la tarea, pero tiene que sacarse la idea de que entregarle la tierra a la gente negra es nocivo para el país.

¿En esas 50 solicitudes de titulación hay posibles conflictos con privados?

En algunos casos hay intereses claros para que no se dé esa titulación. Me refiero al caso de Buenaventura, donde hay asesinatos y amenazas porque se están reclamando tierras del puerto susceptibles de ser tituladas. Esas no están dentro de este paquete, pero están dentro de la agenda de comunidades negras. De estas 50 solicitudes, en Antioquia existen unos casos en los que hay oposiciones de terceros, también en Cesar y en Magdalena. Son privados del sector agropecuario, ganaderos, cultivadores de palma o de caña.

Créditos/Texto: Gloria Castrillón. El Espectador

Créditos/Fotos: Óscar Pérez.